La incapacidad de origen laboral es aquella que se produce como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral mientras que la incapacidad de origen general es la que se origina de una enfermedad no laboral o de un accidente no laboral, es decir, que no ocurrió como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que me he visto obligado a trabajar una persona.

Tal y como lo establece la normatividad que regula el tema para los casos de accidente o enfermedad común en los cuales exista concepto favorable de rehabilitación de la Entidad Promotora de Salud, la Administradora de Fondos de Pensiones postergará el trámite de calificación de Invalidez hasta por un término máximo de trescientos sesenta (360) días calendario adicionales a los primeros ciento ochenta (180) días de incapacidad temporal reconocida por la Entidad Promotora de Salud, evento en el cual, con cargo al seguro previsional de invalidez y sobrevivencia o de la entidad de previsión social correspondiente que lo hubiere expedido, la Administradora de Fondos de Pensiones otorgará un subsidio equivalente a la incapacidad que venía disfrutando el trabajador.

Así mismo el trámite para el reconocimiento de incapacidades por enfermedad general a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, deberá ser adelantado, de manera directa, por el empleador ante las entidades promotoras de salud, EPS. En consecuencia, en ningún caso puede ser trasladado al afiliado el trámite para la obtención de dicho reconocimiento.

En resumen, el responsable del pago de las incapacidades de origen común es el empleador de los primeros 2 días de incapacidad, la EPS desde el día 3 hasta el día 180, del día 181 al 540 le corresponde al Fondo de Pensiones y del día 540 y siguientes le corresponde nuevamente a la EPS

En múltiples pronunciamientos de la Corte Constitucional, como lo es la sentencia T-401 de 2017 consagra que las incapacidades de origen general que superan los 180 días, corren a cargo de la Administradora de Fondos de Pensiones a la que está afiliado el trabajador, ya sea que exista concepto favorable o desfavorable de rehabilitación.

Frente el reconocimiento y pago de incapacidades la misma Corte Constitucional de manera reiterativa estableció la procedencia excepcional de la tutela de la siguiente manera en sentencia T-008 de 2018

El mecanismo idóneo para solucionar las controversias sobre el reconocimiento y pago de incapacidades que puedan presentarse entre un afiliado y las entidades del Sistema de Seguridad Social Integral o su empleador, corresponde a la justicia ordinaria. Sin embargo, cuando el pago de incapacidades laborales constituye el único medio para la satisfacción de necesidades básicas, la acción de tutela también se convierte en mecanismo idóneo para la protección del derecho fundamental al mínimo vital. En síntesis, la Corte Constitucional ha reconocido que la interposición de acciones de tutela para solicitar el pago de incapacidades laborales es procedente, aun cuando no se han agotado los medios ordinarios de defensa, cuando de la satisfacción de tal pretensión dependa la garantía del derecho fundamental al mínimo vital.

Por último, el reconocimiento y pago de una incapacidad de origen laboral corresponde a la Administradora de Riesgos Laborales – ARL a la que se encuentre afiliada la empresa; la cual deberá cubrirla desde el primer día de incapacidad, y en un monto del 100% del salario base de cotización según lo establecido en el artículo 3 de la Ley 776 del 2002.

Juan Camilo Medina Mazo
Abogado Magister especialista en derecho administrativo y en derecho del trabajo y la seguridad social

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